Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y empresario, será detenido cuando regrese de Miami (lugar en el que se encuentra por motivos de trabajo) a España al estar en busca y captura por el juzgado de instrucción número 6 de la capital grancanaria, después que su titular, Luis Galván, haya aceptado la petición de la fiscalía al no haberse presentado Ramírez a declarar como investigado el pasado jueves 26 de abril por un presunto fraude a la Seguridad Social.

Según se publica en el el periódico La Provincia: "la defensa del empresario alega que esta orden de busca y captura, a la que se le añade la de detención inmediata, es desproporcionada e ilegal porque dicha citación se habría realizado a través de un procurador y no de manera presencial en su domicilio y sí en la sede de Seguridad Integral Canaria (SIC). Asegura, además, que Ramírez no quiere eludir la acción de la justicia y que se presentará ante el juez en cuanto aterrice."

Según ha asegurado en la Cadena SER el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, no se trata de una medida "descabellada, ni anormal" y debe haberse decretado "de manera suficientemente razonada y motivada" por parte del magistrado. Según la Ley, el empresario de la UD Las Palmas, que tiene previsto regresar hoy de Miami, podrá ser detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad de manera inmediata desde que pise suelo español. Según Garrido, "si existe la orden de busca y captura cuando se llega a un aeropuerto que determine el paso fronterizo, la policía actuará en consecuencia".

El fiscal jefe del TSJC ha añadido que "esta decisión es judicial y lo que puede ocurrir es que sea reformada por el propio juez mediante el recurso planteado por la defensa y si no también puede hacerse por la Audiencia Provincial mediante recurso de apelación".

A este procedimiento abierto, a Ramírez se le suma otra investigación en marcha en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria por otro delito contra la Seguridad Social por pagar a los vigilantes de SIC -empresa que actualmente se encuentra en concurso de acreedores- las horas extraordinarias como dietas. Por este delito, se le impuso al empresario una fianza de 3,2 millones de euros.